Monjas de la asociación Lumen Dei en Barcelona pueden ser desalojadas por la venta del edificio donde viven, que atribuyen a una operación irregular del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. La operación forma parte del conflicto que ha hecho que 268 monjas de la asociación hayan llevado al prelado ante la Justicia acusándolo de ventas irregulares por 12,7 millones de euros al vender colegios, edificios y pisos por varias ciudades de España.
Tras años de enfrentamientos, las monjas han logrado apoyo de los tribunales. La Audiencia de Madrid ha reabierto una querella contra Sanz. El órgano judicial pide que se investigue si el prelado cometió estafa y coacciones. En paralelo, el Juzgado de Instrucción 1 investiga otra denuncia por estafa y falsedad en documento oficial contra el arzobispo. Esta segunda denuncia es de una de las ramas de la asociación Lumen Dei, cuyo control tomó Sanz en 2009 con el aval del Vaticano. La forma en la que lo logró, bajo falsificaciones y coacciones, es la raíz de un conflicto que puede llevarle al banquillo. Desde su llegada a Lumen Dei, Sanz ha vendido propiedades sobre las que no tiene potestad, según la querella.
La finca de Barcelona son cinco plantas con más de 19.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad vendida por un precio muy por debajo de mercado. La inmobiliaria Barcelona Real Estate Expertise se ha hecho con parte del edificio por tres millones. Otra empresa con sede en Luxemburgo, Vauras Investment, adquirió el resto de la finca. A raíz de las ventas existen dos demandas de desahucio contra las religiosas con un aviso de expulsión que se ejecutará en febrero.
Otra de las operaciones investigadas es la venta en 2012 del colegio Saint Mary of Fatima en Pozuelo de Alarcón. Fue adquirido por el empresario Antonio Arcones, a quien las religiosas aseguran que el arzobispo adjudicó a dedo por más de 6,2 millones, un precio inferior al ofertado por otros grupos. El contrato incluye una cadencia en los pagos de 15 años. Unas condiciones que la administradora de Lumen Dei en aquellos momentos se negó a firmar. La venta se acabó formalizando sólo con la firma del arzobispo de Oviedo. La denuncia incluye también la venta irregular por 3,5 millones de un edificio en la calle Maria Ripoll de Madrid.
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