Tomado de eldiario.es
“Se buscan 50 diputados/senadores libres contra el mayor expolio de bienes por la Iglesia católica”. Así comienza el escrito que este jueves han entregado en el Registro del Congreso los representantes de varios colectivos ciudadanos que luchan para que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley Hipotecaria que han amparado las inmatriculaciones de cientos de bienes en todo el país por parte de la Iglesia.
Para presentar dicho recurso de inconstitucionalidad –cuyo texto ya ha sido redactado y ha sido así mismo entregado en el Congreso- es necesaria la firma de al menos 50 diputados o senadores, motivo por el que han solicitado que se dé traslado de su escrito a los distintos grupos con representación parlamentaria y éstos tengan que posicionarse al respecto.
Los colectivos ciudadanos explican en su texto que, con los artículos de época franquista vigentes en la actual Ley Hipotecaria que han permitido a la Iglesia inscribir como propios cientos de bienes en el Registro de la Propiedad, “la jerarquía católica ha desarrollado una voracidad registral sin precedentes” en todo el país. “Además de lugares de culto (…), ha registrado a su nombre viviendas, locales comerciales, almacenes, garajes, cementerios, fincas, solares, prados, viñas, pinares, olivares, frontones y plazas públicas”, destacando entre los inmuebles apropiados “el edificio más emblemático de la ciudad de Córdoba, la Mezquita-Catedral”. Miles de bienes en toda España.
La petición basa en ese “privilegio” concedido legalmente a la Iglesia la inconstitucionalidad que piden, por ir en contra de los principios de igualdad y de aconfesionalidad del Estado. De hecho, la reforma que el exministro de Justicia Gallardón dejó preparada eliminaba esos artículos: “La inconstitucionalidad de las normas aludidas es tan obvia que incluso un ministro como Gallardón, de un Gobierno que no es sospechoso de anticlericalismo, ha tenido que tramitar su derogación”. Pero si esa reforma de la ley se aprueba finalmente, “legalizará el expolio realizado por la Iglesia, pues una vez que dicho artículo se derogue se incrementará la dificultad legal para exigir la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia”.
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