Bendita casualidad: poco antes de que CiU votase a favor de la reforma laboral del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió indultar a un exalto cargo de la Generalitat de Jordi Pujol condenado por corrupción. Josep María Servitje, exsecretario general de Trabajo, había sido sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. El corrupto no ha llegado a pasar ni una noche en prisión. En 1994, con la ayuda del empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña –condenado a dos años de cárcel y ahora también indultado–, robó 46.157 euros del presupuesto público. Le han perdonado la cárcel a un precio irrisorio: Rajoy ha cambiado la condena por una multa de 3.600 euros. Es doce veces menos del dinero que estafó a los catalanes.
El perdón del Gobierno es, una vez más, un ejercicio despótico y arbitrario; un privilegio medieval, injusto por naturaleza, por mucho que esta medida de gracia sea completamente legal y aparezca negro sobre blanco en nuestra bendita Constitución. Sin embargo, sería un error pensar que estos indultos salen gratis. No es verdad. ¿De qué se sorprenden después los políticos cuando aparecen en las encuestas como uno de los problemas más graves de los españoles? ¿Hasta cuándo esta sociedad sumergida en la crisis permanente tolerará injusticias tan obscenas como el perdón caprichoso a un corrupto? ¿Cómo de caro nos saldrán todos estos abusos cuando la gente diga que basta ya?
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